Ahora ya están en todos los medios nacionales y me cuesta entender porqué se ha tardado tánto en denunciar publicamente esta noticia de enorme calibre.
Aunque Pepiño Blanco se ha apresurado a echar balones fuera no explica porqué él se compra un ático en primera línea de playa cuando ahora mismo es imposible por Ley para todos los gallegos. Doble rasero moral que deja al descubierto el perfil de este dirigente político, que no predica con el ejemplo de una Ley defendida por su partido.
Señala con el dedo a ex-alcalde de A Guarda del Partido Popular. ¿Y? ¿Si el también es ladrón tú también Pepiño?
Lo que escribí haciéndome eco de una noticia cobra hoy todo el protagonismo en donde el PpdeG va soltando la información a cuentagotas para alcanzar el mayor impacto posible seguro de su victoria.
Recordándola para todos los lectores aquí os la dejo:
La polémica nació desde el mismo momento en que se recalificó la zona de Cabo Deiros, resuelta judicialmente hace apenas un año, y en la que muchos han visto la mano del número dos del partido socialista. Un pelotazo urbanístico rodeado de controversias desde que, en 2004, el Ayuntamiento de la Isla de Arosa, en manos del PSOE, aprobó una recalificación que fue paralizada por la Xunta de Galicia a raíz de un informe contrario de la Secretaría General de Costas.
El asunto acabó en los tribunales hasta que la Audiencia Nacional dio, en julio de 2007, el visto bueno a la operación gracias a un informe del secretario del Ayuntamiento de la isla, que señalaba que, desde antes de 1988 (año de la entrada en vigor de la Ley de Costas) en ese mismo lugar existían todas las condiciones para catalogar como urbano el terreno: pavimentación, alumbrado público, alcantarillado y agua corriente. Algo que desmiente Gonzalo Durán, alcalde de Villanueva desde hace 13 años, y también de la isla entre 1995 y 1997, fecha en que se segregaron ambos municipios. «Ahí no había agua antes de 1988. En 1991 el pleno del Ayuntamiento aprobó una iniciativa para llevarla, así que queda claro que antes no podía haberla. Las actas lo demuestran», señala el edil.
DE 100 A 20 METROS
«Gracias a este informe, la distancia legal para construir pasó de 100 a 20 metros. Si el informe remitido por el secretario del Ayuntamiento es falso, se cae la sentencia y por tanto la legalidad en la recalificación del terreno», explica el abogado Alfredo Gómez Mendizábal.
El dato que ha hecho sospechar a muchos salta a la vista desde la entrada misma de la obra. A pesar de que el contencioso se resolvió el 5 de julio de 2007, los trabajos comenzaron siete meses antes, en octubre de 2006. Lo confiesa el cartel de la constructora que preside la edificación
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