La investigación de 670 incendiarios desde 1995 no revela ninguna trama

La Guardia Civil ultima un macroperfil que sigue centrado en individuos asociales

La teoría de la conspiración política tampoco encuentra reflejo en las pruebas
La Xunta pide un cuerpo especial contra el crimen incendiario

La investigación más exhaustiva realizada hasta ahora en Galicia sobre la casuística de los incendios forestales intencionados, aún en curso y con conclusiones preliminares, no ha detectado ni una sola prueba de la existencia de una trama incendiaria organizada en la comunidad. Las pesquisas, encargadas a la Guardia Civil por la fiscalía del Tribunal Superior de Xustiza, no sólo se centraron en los arrestados el año pasado, sino que investigaron a los 670 detenidos desde 1995.

Tras el cruce de datos procedentes de atestados, informes, declaraciones de imputados, pruebas testificales y las escasísimas pruebas materiales, las conclusiones provisionales no detectan, «por el momento», la existencia de «planificación, concierto y estrategia» en los incendios intencionados que fueron resueltos en los últimos diez años y cuyos autores fueron detenidos.

Tan sólo se tienen datos de «incendiarios inmediatos» y ni uno solo de los hipotéticos «mediatos», como los denominan los investigadores: personas que encargan la quema de un monte a un tercero a cambio de dinero o de otros beneficios. Y eso a pesar de tratarse de individuos imputados que, en su descargo, «sería factible que acusaran a otros de haberlos implicado en la quema», precisan fuentes de la investigación judicial.

Tras el rastreo en 670 casos, lo que los expertos denominan perfil clásico del incendiario gallego, basado en la idea genérica de la asociabilidad, no ha cambiado lo más mínimo. En todo caso, sí afloran serios problemas psicosociales. Por un lado, son individuos como el detenido por varios fuegos en A Baña, que iba provocando sucesivos focos desde su coche tras haber ingerido alcohol y que tiene antecedentes de malos tratos a su mujer. Otro arrestado en Padrón también maltrataba a sus padres y encaja a la perfección en el perfil asocial de quien prende fuego al monte por desesperación.

Una de las líneas de investigación más importantes de las encargadas por la fiscalía es el estudio de las recalificaciones urbanísticas realizadas en terrenos quemados desde el año 2001. Se trata de un minucioso y complejo informe que probablemente será entregado en un anexo con posterioridad a la confección del macroperfil del incendiario gallego.

El trabajo está siendo realizado por agentes del Seprona en colaboración con técnicos de la Xunta que les proporcionan las imágenes por satélite. Las pesquisas se realizan superponiendo el estado actual del territorio sobre la situación previa al incendio. Los investigadores ya han detectado algunas recalificaciones previas a la entrada en vigor de la normativa que prohíbe cambiar el uso urbanístico de una finca hasta que pase un plazo de 30 años.

Sin embargo, se trata en principio de acciones aisladas en las que no se ha demostrado la relación causa-efecto entre la quema y el supuesto beneficio urbanístico.

Tampoco hay de momento rastro alguno de tramas inmobiliarias que propicien las quemas y lo que sí se ha comprobado es la existencia de particulares que, de forma aislada, actúan por su cuenta para conseguir algún beneficio urbanístico o forestal inmediato.

Mucha dimisión hace falta aquí y mucho pancartista debería pedir disculpas de todas las acusaciones vertidas contra el Partido Popular en esta materia (ver mis post de Agosto y Septiembre)si todo esto se confirma. Para empezar la plataforma Nunca Máis debería deshacerse al quedar totalmente demostrada su connotación partidista y claramente interesada.